El Partido Popular de Madrid no cree en la televisión pública

La directiva de Telemadrid aprobó en Enero de 2012 un Expediente de Regulación de Empleo mediante  el cual se despedía a 925 trabajadores, es decir, al 80 % de la plantilla. Ignacio González no contempla la readmisión de los trabajadores bajo ningún concepto.

 Independencia de los poderes políticos, pluralidad ideológica y carácter crítico son algunas de las características que no se deben olvidar si hablamos de periodismo y de medios de comunicación. 

La televisión pública nacía en el siglo XX con esas encomendaciones bajo el brazo, ante la multitud de medios privados dispuestos a atentar contra los principios éticos y morales que conforman la profesión  como se ha visto en multitud de ocasiones. Sin embargo, con el paso de los años, muchas de estas televisiones han dejado  de ofrecer un servicio digno debido a la intromisión de la esfera política central en ellas.

Es el caso de Telemadrid, en donde el declive comenzó  con la llegada de Esperanza Aguirre a la presidencia de la Comunidad en el año 2003 ya que “transformó la cadena en un aparato de propaganda a su exclusivo servicio” tal y como asegura  Ángel García, representante de UGT y afiliado a la plataforma Salvemos Telemadrid.

Desde entonces, por orden de la directiva, se han realizado  ejercicios de manipulación informativa en todos los niveles, por ello, en 2004, muchos periodistas se negaron a firmar sus informaciones y en 2007 denunciaron en el Parlamento Europeo la manipulación informativa que se estaba llevando a cabo en la cadena.

En 2012 el Ente Público Radio Televisión Madrid (RTVM) sufría tres crisis: una crisis de deuda ya que debía 242 millones de euros, otra de audiencia ya que los niveles estaban en el 5,9 % y otra de publicidad que suponía una pérdida de ingresos muy grande. En ese contexto, Ignacio González anunció que se iba a llevar a cabo un ERE en Mayo y contrató a la consultora Deloitte y Cuatrecasas para que llevará a cabo un informe sobre la situación financiera de la cadena.

Asímismo, se acordó reducir la subevención un 35 % en 2013. De esta manera, se pasaba de 131 millones de euros a 84 millones.

ERE y negociación

El informe redactado hablaba en primer lugar de aplicar un ERE de 925 despidos debido a la “insuficiencia presupuestaria” existente,  y en segundo lugar, de privatizar o “externalizar” determinadas áreas funcionales, lo que significaba según ángel García, dividir Telemadrid y venderla a empresas interesadas, algunas de ellas son Vértice 360 Servicios Audiovisuales en donde está situado el que fue ministro con Aznar, Josep Piqué, o Secuoya en donde se encuentra Miguel Ángel Rodríguez, ex portavoz del gobierno de Aznar.

Finalmente, en Noviembre del pasado año, la consultora redactó el informe y la directiva inició los trámites para llevar a cabo el despido de los 925 trabajadores en una plantilla de 1.164. La directiva seguía, así, un proceso muy similar al que había llevado a cabo con anterioridad, la directiva del valenciano “Canal 9”.

Tras la aplicación del Expediente, se abrió un proceso de negociación con los sindicatos que finalizó el 4 de Enero de 2013. En este proceso los sindicatos propusieron las siguientes medidas para reducir el impacto del ERE: traspasar 150 trabajadores de la cadena a la administración, proponer prejubilaciones para aquellos trabajadores de 55 años de edad o superior, bajas incentivadas y voluntarias, poner un límite en 50.000 euros anuales para los salarios más elevados, reducir el número de colaboradores, en su mayoría tertulianos, una reducción del sueldo de los trabajadores hasta un 50 %, una reducción de directivos y despedir a 100 empleados con un sueldo medio de 50.000 euros por considerarlos personal duplicado o innecesario, medida con la que se podría llegar a ahorrar 3,5 millones de euros.

Por otra parte, propusieron controlar el gasto para adpatarse a la reducción de subvención, dedicando 42,5 millones a gastos de personal, 12,6 millones a compras y consumos, 12,3 millones a indemnizaciones y 13,3 millones a servicios exteriores.

El proceso de negociación finaliza sin acuerdo entra directiva y sindicatos. De esta manera, el 12 de Enero se materializaba el despido de 790 trabajadores a través de burofax. Entre esos trabajadores no se encontraba ningún directivo. 

Tras el fracaso de las negociaciones , los sindicatos demandaron a la directiva del ente porque en ningún momento habían tenido una actitud verdaderamente negociadora y por que consideraban el ERE injusto. El Tribunal Supremo de Justicia de Madrid falló a favor de los trabajadores, considerando el ERE improcedente. Además, obligó a la directiva a readmitir a los 829 trabajadores despedidos hasta la fecha, o a pagarles, no 20 días por año trabajado, sino 45. Frente a esto, Ignacio González aseguró en los medios que bajo ningún concepto habría readmisiones

Los sindicatos, en vistas de que el consejo de Administración del Ente no iba a readmitr a los trabajadores despedidos, objetivo primordial de su lucha, y ante el recurso planteado por Telemadrid, decidieron recurrir también la sentencia al Tribunal Supremo, de manera que la sentencia final está aun por decidir.

La subcontrata de TSA

Después del ERE, la carencia de esa masa de trabajadores se ha suplido a través de subcontratas a empresas privadas, una de ellas es Telefónica Servicios Audiovisuales (TSA), de donde procede el actual director general de Telemadrid, José Antonio Sáchez Domínguez.

La empresa TSA ha cobrado desde que se llevo a cabo el despido cerca de 1.200.000 de euros. A esto hay que añadirle el hecho de que se está sustiyendo empleo estable por subempleo ya que los trabajadores de TSA están cobrando un sueldo que oscila los mil euros, de hecho, Ángel García asegura que “hay gente trabajando en TSA que cobra menos en Telemadrid que cuando estaba en el paro". 

Si nos ceñimos a las cifras, el ente público se está ajustando francamente mal a la reducción de la subvención ya que, de momento, desde la aplicación del ERE se han pagado más de 26 millones de euros a los despedidos, estas indemnizaciones podrían llegar a los 70 millones de euros después de la sentencia del TSJM, por otra parte, se les está pagando el desempleo a los trabajadores despedidos y además, la directiva ha pagado 1.200.000 euros a TSA desde que se la subcontrató para sustituir a los despedidos.

Por ello, más que una forma de ajustarse a los parámetros económicos, el ERE y las demás medidas de ajuste configuran una forma de hacer política que el Partido Popular de Madrid está llevando a cabo, no solo en este sector, sino también en sanidad y educación; y que se basa en las privatizaciones. De esta manera, los servicios que antes se gestionaban públicamente, se convierten en instrumentos de negocio para las empresas, dirigidas muchas de ellas por ex políticos o por personas allegadas a ellos.