Se reforma el artículo 135 de la Constitución española sin consultar con el pueblo

Por: Antonio Hernández Rodríguez 

El 26 de Agosto de 2011 los grupos parlamentarios mayoritarios (PP y PSOE) presentaron conjuntamente una proposición para llevar a cabo la reforma. El objetivo era controlar el gasto público por ley para que el estado nunca más se endeudase, es decir, para que el déficit presupuestario no suba de cero, la propuesta respondían a las recomendaciones de Sarkozy y Mérkel, quienes instaban a todos los países de la Unión Europea a regular por ley el gasto público para evitar futuras crisis y reducir el déficit presupuestario. La reforma, después de ser aprobada en el congreso por los partidos mayoritarios (algún partido se opuso, como IU), fue aprobada también en el Senado con 233 votos a favor y 3 en contra y sin que se introdujera ninguna de las 28 enmiendas presentadas por los distintos partidos y sin que se sugiriera someterlo a referéndum popular. El 27 de Septiembre la reforma fue sancionada por Su Majestad el Rey Juan Carlos.

El artículo reformado obliga a todas las comunidades y al Estado a no sobrepasar los límites de gasto fijados por la Unión Europea. El límite en cada Comunidad Autónoma irá en relación con el PIB de cada una y solo podrá ser sobrepasado en caso de recesión económica, desastre natural o en caso de una situación que escape al control del estado. Las comunidades autónomas y el estado están autorizadas a emitir deuda pública. El crédito emitido para solventar los problemas de deuda se relacionará siempre con el gasto de presupuestos. La deuda se considera un factor prioritario, es decir, si el estado se endeudase tanto hasta el punto de llegar a la suspensión de pagos lo primero que el estado debe hacer por ley es dedicarse a subsanar la deuda que habrá contraído con el banco, institución o estado que le prestara el dinero, aunque el estado dejara de pagar pensiones, nóminas de funcionarios subsidios de desempleo, sanidad, educación y otros servicios públicos por ser factores menos prioritarios, pudiendo llegar así a la destrucción del estado. De esta manera, la reforma constitucional es una forma de poner los estados europeos al servicio de los bancos.

El proceso de reforma constitucional en España se lleva a cabo a través de la actuación del gobierno vigente y de las dos cámaras: senado y congreso. Para que la reforma se lleve a cabo deben votar el sí al menos 2 tercios del Congreso para que luego en el Senado se apruebe. Si el Senado se negara se intentaría llegar a un acuerdo. Si no se alcanzara el éxito, el Congreso, con dos tercios apoyando el proyecto, tendría la razón independientemente de lo que diga el senado. Posteriormente, y en caso de que las Cortes Generales lo dictaminaran se sometería a referéndum para su ratificación en un plazo de 15 días. Cosa que no ha ocurrido con esta reforma constitucional, más conocida como el “Reformazo”, una reforma constitucional que afecta a la sociedad española en su conjunto y que, sin embargo, en esta “democracia parlamentaria”, nuestros gobernantes no se han dignado ni si quiera a realizar una simple consulta popular.