El Plan de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid continúa la senda privatizadora iniciada por la expresidenta Esperanza Aguirre. El objetivo es recortar el gasto de la administración con la excusa de que no hay suficientes ingresos debido a la situación de déficit en la Comunidad.
Con este plan, la Comunidad pretende afrontar el año 2013 gastando menos dinero que en 2012, un 7% menos según el documento oficial. Las medidas que incluye son las siguientes:
-Privatización total de 6 hospitales de gestión mixta, es decir, los servicios sanitarios pasarán a ser desempeñados por una empresa privada. En el plan no se establece que ocurriría si alguna de estas compañías privadas entrase en suspensión de pagos o en crisis.
-Privatización parcial del resto mediante la externalización (eufemismo de privatización) de todos los servicios no sanitarios (limpieza, restauración...).
-Privatización de la atención sanitaria del 10 % de los centros centros de salud, como ya ha ocurrido en comunidades como Cataluña.
-Centralización de algunos servicios exclusivos de una serie de hospitales, en otros centros eliminándolos en los anteriores. En el Plan utilizan el eufemismo "Concentración de la complejidad". La intención es retirar algunos servicios especiales proporcionados en varios centros y concentrarlos en uno solo, alegando que en muchos de estos centros "el volumen anual de casos que requieren dichos servicios especiales es escaso"
-Cierre del Instituto de Cardiología.
-Transformación del Hospital Carlos III (antes especializado en enfermedades infecciosas de tipo tropical y VIH sobre todo) en un centro de media y larga estancia.
-Instauración del copago en 2013 con el objetivo de "reducir el gasto medio por receta farmacéutica".
En primer lugar El gobierno del PP de la Comunidad de Madrid, desde que Esperanza Aguirre llegó al poder, planteó implantar un modelo en el que las empresas tuvieran poco a poco más peso que la administración en la gestión de los hospitales y de los centros de salud. De esta manera, promovió dos modelos de gestión sanitaria:
1- El modelo PFI (Iniciativa de Financiación Privada): en el que la gestión esta dividida entre una empresa de gestión o una constructora, que se ocupa de aquello que no pertenece al ámbito sanitario (restauración, limpieza...) y la administración, que gestiona lo relacionado al campo sanitario (fija salarios de los médicos, enfermeros y se ocupa de establecer sus condiciones laborales).
2- El modelo PPP (Partenariado Público-Privado): en el que la gestión del centro es puramente privada. La empresa constructora y financiadora del proyecto gestiona todos los ámbitos del centro, marginando a la administración que se encarga de financiarla por dar el servicio.
Ambos modelos, al introducir el factor empresa, producen una pérdida en la calidad de empleo (condiciones laborales y salarios). Y ponen en riesgo la cobertura sanitaria gratuita y de calidad ya que las empresas, al pensar en el beneficio económico, podrían recortar en plantilla o en suministros.
El modelo PPP entra de lleno en el Plan de Medidas anteriormente citado, ya que determina que 6 hospitales semipúblicos pasarían a llevar una organización totalmente privada. Estos hospitales son: El Infanta Leonor, el Infanta Cristina, el Infanta Sofía, el Hospital del Sureste, el Hospital del Tajo y el del Henares.
A estos 6 hospitales se les sumarían otros tres que ya nacieron siendo de gestión privada en su totalidad, siguiendo el modelo PPP. Dichos centros fueron construidos durante la última etapa del gobierno de Aguirre y son: el Hospital Rey Juan Carlos (Móstoles) controlado por Capio Sanidad, el Hospital de Infanta Elena controlado por Capio también y el Hospital de Torrejón de Ardoz controlado por un grupo empresarial llamado Ribera Salud, Assisa, la constructora FCC y Concessia, entidad dirigida por 13 cajas de ahorros.
En el siguiente mapa, los hospitales semiprivatizados que se privatizarán totalmente, en rojo. Los hospitales privatizados, en azul.
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Todos estos hospitales pertenecen a constructoras, fondos de capital con sede en Luxemburgo y empresas de gestión sanitaria. Dichas empresas se encargan de llevar la gestión del hospital a cambio de un canon que la administración les paga durante un período largo de tiempo por dar el servicio, en el caso del Hospital Rey Juan Carlos, durante tres decadas.
75 milones son los que la administración le pagará a Capio este año por llevar el Hospital Rey Juan Carlos.
Todo esto pertenece al plan del actual presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Gonzalez, de no dejar ningún centro de gestión púramente pública. Este hecho, aparte de afectar a los usuarios, perjudica a unos 5000 trabajadores cuyas condiciones laborales y salariales pasarían a estar en manos de las empresas privadas.
Los sindicatos han anunciado huelgas para finales de mes. 20 hospitales ya se han puesto en marcha y han inicado un proceso de encierro con el objetivo de reivindicar la no privatización de la saud, destacan el hospital de La Paz o el de Móstoles
En la foto, el personal del Hospital Universitario de Móstoles, encerrado por las privatizaciones
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